En agosto del año pasado y en medio del desarrollo de la crisis sanitaria y económica del país, nació en Chile Anatug, la Asociación que agrupa a profesionales y empresarios del rubro del Turismo y la Gastronomía, quienes se han visto fuertemente afectados por la pandemia y sus consecuencias, especialmente, en la sobrevivencia de sus emprendimientos.
Liderada por el empresario Eduardo Salazar, Anatug plantea desde su origen la necesidad de un plan de salvataje especial, que se acompañe con políticas públicas, para entregar una alternativa de permanencia a aquellos comercios del rubro que están a punto de extinguirse.
«Estamos integrados por 55 gremios, con una representación de 3.500 pymes de regiones, excepto la región Metropolitana, y pedimos con urgencia un paquete de medias especiales para el rubro y salvar a los que están al borde de la quiebra y del fantasma de la cesantía», explicó Salazar.
El dirigente y sus colaboradores ya se han reunido con diversas autoridades de Gobierno para analizar propuestas y ven con angustia el desarrollo de los próximos meses, si no existen alternativas dirigidas a salvar uno de los principales motores de la economía chilena.
Bajo esta premisa, la Asociación plantea un programa de medidas enfocadas en tres grandes ejes.
El primero de ellos se relaciona con el apoyo financiero necesario para tener recursos frescos y recapitalizar la Industria, ello, acompañado de créditos con tratamiento especial, con garantía estatal y bajo condiciones que beneficien en el desarrollo como plazos superiores y tasa de interés cero.
El segundo eje propone la condonación de deudas tributarias, especialmente para quienes no han tenido ingresos en este periodo, comercios que están incapacitados para saldar deudas tributarias como patentes de alcoholes y comerciales, contribuciones, concesiones marítimas, etc. «Aquí es necesario que el Estado entregue apoyo condonando total o parcialmente las deudas para reactivar este sector», agregó el Presidente.
«Aquí es necesario que el Estado entregue apoyo condonando total o parcialmente las deudas para reactivar este sector».
Eduardo Salazar, Presidente de AnatugChile
«AnatugChile ha trabajado incansablemente con distintas presentaciones al poder ejecutivo vía carta abierta al Presidente de la República que fue firmada por Achiga, Cámara Nacional de Comercio, Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, y que enviada también al Ministro de Hacienda, pero no se ha recibido ninguna respuesta a lo requerido. El poder ejecutivo no ha definido una política de Estado de apoyo al sector gastronómico, mientras muchos están quebrando y desapareciendo de la industria», agrega Salazar, mencionando que han sostenido diversas reuniones con autoridades y parlamentarios, pero sin obtener una respuesta positiva para el sector.
El representante destaca una realidad poco visualizaba en la discusión diaria en pandemia y «es que resulta increíble que no dejen trabajar a restaurantes en localidades en Fase 2, hacia los interiores, y sólo permitan las terrazas, porque se olvidan que en el sur austral de Chile llueve, hay viento fuerte, frío y el clima no acompaña par ocupar estos espacios al aire libre. Se pretende que se paguen impuestos fijos, por concepto de contribuciones, patentes comerciales, patentes de alcoholes, concesiones marítimas y otros. El sector Turismo y Gastronómico, es una actividad
que requiere apoyo urgente. El no cobro imposiciones del personal acogido a la Ley de Protección del Empleo, debido a que estas personas fueron desvinculadas con una figura jurídica inédita; primero, no es aplicable la razón de fuerza mayor establecida en el Código Civil, a pesar que es evidente porque el sector no lo pude prever y evitar, lo segundo, es que para que exista vínculo debe haber un contrato de trabajo, que está suspendido por ley, pero no como contrato no cumple, es decir, no hay subordinación e independencia, la persona está en su casa, puede trabajar en cualquier otro lugar, está obligado a asistir aunque su empleador lo requiera, es decir, está desvinculado. Sin embargo, se
estableció por ley que el empleador debía pagar las leyes sociales de este período en que el trabajador no está dependiente de su empleador original».
